En una ceremonia llevada a cabo en la Casa de Gobierno, se firmó un convenio de colaboración entre las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el Gobierno de la Provincia de Tucumán, con el propósito de capacitar a aproximadamente 80 formadores en la implementación de la Ley Yolanda. Este acuerdo tiene como objetivo principal fortalecer la educación ambiental y cumplir con los compromisos asumidos por el Estado argentino en la lucha contra el cambio climático.
El acto contó con la presencia del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad; el secretario de Estado de Producción, Eduardo Castro, y el secretario de Estado de Derechos Humanos y Justicia, Mario Racedo. Representando a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, estuvieron presentes la decana, María Cristina Grunauer; el secretario de Gestión Institucional, Martín Rivas; y el secretario Académico, Gustavo Bellagamba.
También asistieron el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Vega Coronel; el director del Cuerpo de Abogados de Víctimas de Violencia contra la Mujer, Darío Abdala; el director del IPAP, Luis Marchetti, y el asesor letrado de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos y Justicia, Alberto Toro.
La Ley Yolanda, de carácter obligatorio, establece la capacitación en materia de educación ambiental para todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. En este marco, las capacitaciones comenzarán en septiembre y se estructurarán en dos meses, con una clase por semana, abierta a funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo provincial, y otros que designe el gobierno. Las clases serán dictadas en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que otorgará la certificación correspondiente tras la finalización y la aprobación de una evaluación final.
El convenio no solo busca capacitar a los funcionarios provinciales, sino también extender este conocimiento a municipios y comunas del interior de Tucumán, promoviendo un enfoque integral para abordar problemáticas como la contaminación del agua, del aire, y la gestión de residuos en las ciudades.
Este esfuerzo se enmarca en la adhesión del país a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y reafirma el compromiso del Gobierno y la academia con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.
