El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, defendió recientemente la acción de la Policía que liberó la circulación en Av. Benjamín Aráoz, donde alumnos y docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT interrumpían el tránsito con pupitres en reclamo de mayor presupuesto universitario. Jaldo expresó que si bien apoya los derechos de los jóvenes a manifestarse, “el derecho de ellos termina donde empieza el derecho de los demás”. Esta respuesta se enmarca en una tendencia preocupante: los cortes de calle que involucran a movimientos sociales y educativos son rápidamente cuestionados, mientras que eventos oficiales o religiosos parecen gozar de mayor tolerancia.
Un claro ejemplo de esta disparidad es el corte de calles realizado en el Parque Avellaneda para la presentación de unidades de transportes urbano reacondicionadas de Tucumán. En esa ocasión, el acto oficial implicó el cierre de una arteria clave, pero no hubo críticas ni operativos para reabrir el tránsito. Mientras que las protestas populares son vistas como obstrucciones al libre tránsito, las interrupciones causadas por actos gubernamentales son aceptadas sin mayor oposición.
Esta doble vara también se refleja en los eventos religiosos. Procesiones que cortan calles importantes para celebraciones o actividades de la Iglesia no son vistas bajo el mismo lente que una protesta estudiantil o una marcha de trabajadores. Las autoridades parecen ser más comprensivas cuando el corte de calles no responde a un reclamo social, pero esto plantea preguntas sobre el trato desigual frente a distintos sectores de la sociedad.
La reciente declaración del gobernador Jaldo sugiere que la protesta tiene un espacio legítimo, pero establece un límite tajante cuando se trata de bloquear la vía pública. Sin embargo, esa lógica no parece aplicarse de manera consistente cuando el mismo Estado corta calles para exhibir patrulleros, reacondicionar unidades de transporte o realizar inauguraciones.
Este enfoque genera una clara distinción entre lo que se considera un uso justificado del espacio público y lo que no. Si bien es comprensible que se busque asegurar la movilidad de los ciudadanos, el derecho a la protesta también debería ser protegido de manera equitativa, y las decisiones sobre liberar o no el tránsito deberían aplicarse de manera uniforme, independientemente de quién esté causando la interrupción.
