Luego del fracaso del primer proyecto, el gobierno de Javier Milei busca la aprobación del documento que contiene 223 artículos que impactarán en la obra pública, privatizaciones de organismos del Estado y reforma laboral.

En este segundo intento Milei está confiado que alcanzará sin problemas 135 votos, este número surge luego de los acuerdos con gobernadores “dialoguistas”.

El inicio del día estuvo cargado de dimes y diretes aun con los micrófonos apagados. En ese sentido, las intervenciones de la diputada radical Ana Carolina Gailard -diferenciándose de su bloque- donde exigió “votar artículo por artículo”, porque “tiene disidencias de diputados que le van a votar la ley” hizo que algunos gritaran a voz viva: “¡Ridícula!” “Dale un rivotril a Gaillard que está sacada”. 

A su parte, Nicolas del Caño del FITU, expresó: “Los votaron para que ajusten a la casta, no al pueblo trabajador” y agregó: “Son la casta paleolibertaria que está pactando para meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. En campaña Milei dijo que el impuesto a las ganancias era inmundo, ahora van a votar para que paguen los trabajadores y quitárselo a Galperín, Rocca”.

Puntos claves a la nueva LEY

Privatizaciones

Dentro de las reformas del Estado se incluyen las privatizaciones. El proyecto declara empresas sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SE, e Intercargo SAU. También declara sujeta a privatización a Nucleoeléctrica Argentina SA y a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, aunque en estos dos casos establece que el Estado debe mantener el control o la participación accionaria mayoritaria.

Por otro lado, se propone un esquema de concesión privada para las empresas Agua y Saneamientos Argentinos SA, Correo Oficial de la República Argentina SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA.

Ganancias e Ingresos Brutos

Dentro del paquete fiscal, el Gobierno busca volver a cobrar el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores. Es irónico, ya que fue el propio Javier Milei el que, como diputado, votó por la derogación mientras prometía en campaña que se cortaría un brazo antes de subir un impuesto.

Reforma laboral

El nuevo proyecto, aunque más opaco, conserva el espíritu de la ley ómnibus original. que fracasó en febrero. Así, se plantea una supuesta “modernización laboral”. Un punto clave lo tiene en los cambios sobre el período de prueba. Se plantea extender este tiempo de 3 a 6 meses para empresas de más de 100 trabajadores; de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores; y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores.

En paralelo, se plantea una derogación de las multas para aquellas empresas que tengan trabajadores no registrados. Para el gobierno, esto es con el objetivo de avanzar en la destrucción de la supuesta “industria” de los juicios laborales, ya que las multas representan en la actualidad un ítem clave ante un reclamo judicial impulsado por trabajadores ante despidos sin causa.

Empleo Público

Entre las modificaciones, se dispone que los sindicatos estatales no podrán descontar parte del salario de los trabajadores que no estén afiliados o que no hayan expresado de forma explícita su acuerdo para que el gremio realice dicho descuento. También determina que a aquellos trabajadores que realicen una huelga se les descontará un proporcional por las horas no trabajadas, sin ningún tipo de sanción administrativa, y establece que aquellos funcionarios de órganos u organismos que sean eliminados serán pasados a disponibilidad por hasta 12 meses y que después serán desvinculados de la Administración Pública Nacional si no consiguen otro puesto.

Lo que quedó afuera de la nueva versión

La versión que el gobierno envió en diciembre al congreso tenía 664 artículos. El borrador que circuló en las últimas semanas, previo al debate en las comisiones de la Cámara baja, tenía 279 artículos. Luego del trabajo en comisiones que con 232 y obtuvo el dictamen. 

En el plano laboral, la reforma quedó acotada a 17 artículos. El artículo referido a la cuota sindical, resistido por los sindicatos, fue dejado de lado. En el DNU 70/2023, cuyo fragmento laboral fue frenado por la Justicia, se limitaba el descuento compulsivo de la cuota sindical que aportan los trabajadores registrados (afiliados o no). Además, se eliminó el artículo que establecía que la participación en bloqueos o tomas de establecimiento era razón de “justa causa” de despido. 

En el ámbito de las privatizaciones, se dejó de lado el Banco Nación y todas sus empresas subsidiarias, aunque el Gobierno no descarta su privatización en el mediano plazo. El oficialismo, además, eliminó los capítulos vinculados a la defensa de la competencia y al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.